La
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid ha
encontrado la forma de volver a tener por el mando la sarten de la educación
madrileña, ya que éste ha sido el curso elegido para plantear en los centros
públicos de infantil y primaria la modificación del tipo de jornada escolar.
En varios colegios del distrito de
Chamartín también se ha celebrado este tipo de sondeo con urnas de por medio,
con el consiguiente cisma entre el claustro y la dirección de los centros y los
padres y madres de los alumnos/as. El ciclo 2012/13 se ha convertido pues en un
año escolar con bastantes tensiones entre ambas partes, lo que ha provocado un
auténtico desgarro en la convivencia diaria de docentes y familias.
Si una de las intenciones del equipo
de Lucía Figar ha sido provocar esta respuesta, a fe que lo han conseguido. Se
han suspendido excursiones de fin de ciclo por las desavenencias entre unos y
otros, ha habido denuncias por comentarios del profesorado a los niños,
presiones a éstos para que transmitieran en casa la idoneidad de la jornada continua...
y un largo etcétera de desencuentos, malentendidos, conversaciones de patio
llenas de rumores e imprecisiones y todo tipo de reacciones airadas. Cualquier
cosa, menos un debate sereno con información contrastada e intercambio abierto
de argumentos y razones.
Por si fuera poco la existencia de
dos bandos claramente enfrentados, el cisma se contagió a los propios padres y
madres. Defensores y detractores de la jornada continua han manifestado
posturas irreconciliables sobre la cuestión, con batallas dialécticas similares
a las que plantea la convocatoria de una huelga general en cualquier empresa.
Valga el ejemplo para transmitir de forma fiel la sensación de lo vivido en los
accesos a los colegios y los cafés de primera hora, la recogida a la salida de
clase o los corrillos de las extraescolares. Una auténtica cizaña que todo lo
ha contaminado, ante la (suponemos) media sonrisa de los responsables de la
Dirección de Área Territorial en la calle Vitrubio.
En cada colegio, el proceso parte de
un acuerdo previo del Consejo Escolar, que ha de votar en mayoría para que se
inicie el mecanismo de cambio de jornada. Durante años se ha presionado a los
representantes de las familias para que decantaran su criterio en favor de tal
posibilidad, agotando los periodos de los electos durante cuatro años para
volver a la carga con este frente único de profesores y directores/jefes de
estudios, siempre de la mano en esta cuestión.
En el Colegio de Educación Infantil y
Primaria Ramiro de Maeztu ya hubo un intento previo en el año 2003, desmontado
por la negativa a colaborar de los consejeros que por entonces defendían los
derechos de las familias. Una encuesta demostró entonces la mayoritaria
oposición de los padres y madres a un tipo de horario que cambiaba la rutina
diaria de cada casa, amén de implantar otros aspectos de dudosa o nula eficacia
pedagógica y educativa. Los recreos de 15 minutos, por poner un ejemplo
clamoroso de ninguneo y conculcación de los derechos del menor.
Frenta a las teorías, la opinión del
pueblo soberano. La votación en el Ramiro se celebró el pasado miércoles 17 de
abril. Para que la propuesta de cambio de jornada partida a continuada pudiera
ser aprobada en un Consejo Escolar posterior tenían que producirse dos
circunstancias: que expresasen su opinión las dos terceras partes del
electorado (un voto por cada padre y madre, es decir, dos por alumn@) y que los
votos a favor alcanzasen las dos terceras partes en el recuento.
En el CEIP de la calle Serrano, 127
participaron 1.022 personas (un 63,30%), por lo que tampoco podría haber salido
adelante el cambio administrativo de haber sido éste apoyado de forma masiva.
De hecho, hubo padres y madres que defendieron la abstención activa como medida
indirecta de protesta o boicot ante este repentino fervor democrático de los
responsables educativos del gobierno autonómico de Ignacio González.
Quienes sí votaron (647 personas) lo
hicieron de manera masiva en un mismo sentido, ya que 522 particulares (81,15%) manifestaron su oposición al proyecto, frente a los escasos 122 (18,85 %) que sí lo
apoyaron. Hubo tres votos en blanco.
Si 2012 será recordado como el año de
los recortes en los centros públicos y de las campañas de descrédito a los
profesores por parte de los políticos populares, 2013 lo será para muchos como
el año en que esos mismos políticos consiguieron enfrentar a quienes hace sólo
unos meses vestíamos una misma y reivindicativa camiseta verde. La Marea a la
que daba color fue un momento único de unión de intereses entre todos los
miembros de la comunidad educativa. Esa unanimidad descolocó por completo a los
responsables educativos oficiales, que urdieron una burda apuesta por el
“divide y vencerás”. Burda, pero efectiva si nos atenemos a lo ocurrido durante
los últimos meses.
